REFORMA Y CONTRAREFORMA I

En asamblea general de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el Dr. Jesús Martínez, decano de la misma, manifestaba con gran preocupación que “hay limitantes que condicionan la profundidad de la reforma”; algunos estudiantes pensamos que sin lugar a dudas tiene la razón, sin embargo, manifestamos que son precisamente esos limitantes, los que le dan vida a la reforma universitaria, y por lo tanto, de su quebrantamiento depende la profundidad de la misma. La historia ha enseñado que las grandes reformas, como la iniciada en 1918 en la universidad de Córdoba de Argentina, así como el movimiento universitario de 1971 en nuestro país, enfrentaron enormes limitantes contra los cuales librar la batalla.

No es necesario poner en discordia la imaginación y la realidad para saber cuáles son esos limitantes, tampoco hay que rebuscar molinos de viento para justificar disparatadas acciones, pues basta estar atentos a la realidad diaria para conocer a los enemigos de la universidad pública, que niegan la posibilidad de una alta calidad educativa, que dé respuesta a las urgencias de desarrollo que reclama el pueblo colombiano.

El reciente anuncio de la Ministra de Educación sobre la reforma de la ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87, es otro duro golpe para la universidad pública, que concuerda con el entretejido de políticas neoliberales que año tras año profundizan la privatización del patrimonio público y la vulneración de los derechos de la ciudadanía. Eduardo Sarmiento Palacios, reconocido economista colombiano, en su columna del 27 de marzo en El Espectador, explica de manera muy clara los alcances de la medida en curso, que pretende subsidiar a las universidades de acuerdo a la demanda de sus servicios, siendo ésta su novísima fuente de ingresos:

“El argumento es bien conocido. La competencia induciría a las instituciones a prestar el mejor servicio para captar el mayor número de estudiantes y de esa manera obtener mayores recursos del Estado. La realidad es muy distinta. Como la demanda insatisfecha es mayor que la oferta, las instituciones procederían, más bien, a reducir la calidad del servicio (…) El mercado determinaría la calidad educativa”.

Si de lo que se trata es de hablar de bienestar para las mayorías, el estruendoso fracaso de esta política es una verdad indudable, aún para los locos, de lo contrario que lo nieguen todos los afectados por la actual crisis de la salud, causada por una política privatizadora que es de la misma estirpe.

Son de la misma calaña las políticas desarrolladas a partir de la ley 30 de 1992, que han propendido por exonerar al Estado de su deber constitucional de financiar una educación superior pública de excelencia académica. El doctor Gonzalo Arango, presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, en su artículo publicado en la página de la Reforma (reforma.udenar.edu.co La calidad y las reformas…), menciona muy brevemente los efectos de la ley 30:

“La normatividad en materia de obtención de los registros calificados para los programas; la persecución de indicadores de desempeño que les garanticen el acceso a la obtención de la «acreditación por excelencia» y la consecución de mayores tajadas en la distribución de los recursos provenientes del artículo 87 de la Ley 30; la estandarización de sus programas con los patrones norteamericanos para hacerlos más competitivos y transables en el mercado internacional; el cumplimiento de las metas impuestas por la política de ampliación de cobertura; el acondicionamiento de los contenidos a los perfiles de los ECAES; los ajustes a la precariedad de sus recursos financieros; el sometimiento a las políticas de promoción de la formación de niveles técnico y tecnológico espoleados desde el gobierno nacional con la orientación de los créditos educativos y el otorgamiento de estímulos económicos a las universidades que opten por ello; la consecución de recursos propios mediante la venta de servicios a través de programas de operación comercial”

No es de extrañar por ello la posición que adopta el Consejo Superior Universitario (ver informe 001 del 15 de febrero de 2010) que, acorde con los designios uribistas de ampliación de cobertura y “educación para el trabajo”, manifiesta:

“Se acoge el proyecto de creación del programa de Contaduría Pública y programas de ciclos propedéuticos: Técnico Profesional en Gestión y Diseño de Planes de Negocio y Tecnología en gestión de Empresas, para trámite del registro calificado (…) Se acoge la Propuesta de creación del programa de Ingeniería Ambiental, para trámite de registro calificado.”

Este hecho deja en claro la materialización de estas políticas de carácter nacional en nuestra universidad, cuyo cumplimiento tiene por consecuencia inmediata el desmedro de la calidad y excelencia académica de todos los programas. Hay que anotar que estos mandatos del Ministerio de Educación cuentan con el respaldo de opiniones ingenuas, que creen en la “pertinencia” de los ciclos propedéuticos como una verdadera alternativa para el “desarrollo”, y miran en la ampliación de cobertura sin financiación estatal una auténtica oportunidad para sacar a relucir sus dotes de emprendedores y sus avanzadas teorías de superación personal.

Documentos como el Proyecto Educativo Institucional, Estatuto General, Estatuto Docente, Estatuto Estudiantil, etc., han sido reformados bien sea de acuerdo a la particularidad de cada universidad o de manera general, todo bajo el mismo propósito: adecuar el aparato educativo nacional a las condiciones del aparato productivo mediocre que hoy por hoy tiene nuestro país. Esta es la célebre “revolución educativa”, esta es la posición de los ministerios de educación, esta es la posición de la mayoría de los personajes que han ocupado el sillón presidencial. Es innegable que quienes proponen estas reformas como camino para la universidad Pública, además de gozar de altos salarios, poseen gran reconocimiento por ser eminentes figuras de invocaciones altisonantes acerca de “la flexibilidad, la modernización, la racionalidad, la pertinencia, la eficiencia, la equidad y hasta la calidad” , todo ello acompasado de palabras rimbombantes de sospechoso contenido, que no hacen más que adornar y justificar sus verdaderos propósitos. Debe entenderse que para este tipo de reformas no es necesaria la discusión en las universidades, la instalación de una asamblea universitaria, la elección de delegados, el debate dentro y fuera del aula.

Apertura fue la palabra de moda a finales de los 80 e inicios de los 90, se hablaba de apertura económica, apertura educativa, apertura cultural, etc. Apertura significaba estar en la onda de los designios ineluctables de la historia. Quien sostenía una opinión diferente era considerado un vetusto dinosaurio o un homo habilis que se había quedado en la esquina de los tiempos. Estos principios sembrados de manera formal por los gobiernos de Virgilio Barco y Cesar Gaviria Trujillo, se han venido desarrollando y han dejado experiencias que la historia ha sabido registrar. La educación superior pública ha sufrido una metamorfosis. En el inicio se hablaba de apertura educativa, luego en 1992 se establecen los principios generales que se concretan en la ley 30, y ésta a su vez ha sufrido una serie de transformaciones, estipulando decretos como el 3345 y el 2566, así como la mal llamada Ley de Ciencia y Tecnología, y por último la reforma anunciada en días pasados por la Ministra de Educación. Estas transformaciones apuntan a adecuar el sistema universitario a los cambios del aparato productivo del país.

En 1990, con el eufemismo de “bienvenidos al futuro”, Cesar Gaviria instaura de manera formal en Colombia el régimen neoliberal. La apertura dio origen a múltiples acuerdos que se han venido desenvolviendo, los cuales tienen como eje central la salvaguarda de los intereses de potencias económicas mundiales como Estados Unidos de y la Unión Europea. En este sentido el esporádico libre comercio se metamorfoseo de un acuerdo multilateral contemplado en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a los ya firmados TLC con los estadounidenses y con los europeos, que son acuerdos unilaterales celebrados por el gobierno nacional. No es menester ahora entrar en detalle sobre las políticas neoliberales; se confía en que la experiencia, madre de la sabiduría, logre que las personas, sin distingo, puedan diferenciar el acierto del error. Sin embargo, es importante señalar que este es el contexto en el que se ha configurado el aparato productivo y el sistema educativo, que hoy tiene el país.

La reforma de la Universidad de Nariño debe diferenciarse de la contrarreforma impulsada por el gobierno nacional. La discusión debe materializar los anhelos de una universidad diferente, con unos propósitos diferentes a los que hasta ahora se le han impuesto, es decir, luchar por una educación y cultura que sirva a los intereses de la nación; una educación científica, o sea, que busque la verdad en los hechos y contribuya al desarrollo de la ciencia en todas las ramas del conocimiento; finalmente, una educación que sea de masas, valga decir que sirva y beneficie a las grandes mayorías populares. Los avances que se puedan hacer dentro del marco de la ley 30 son muy pocos. Debemos hacer uso de la restringida autonomía universitaria que la Ley nos permite para avanzar hacia estos propósitos, y no para adecuarnos sumisamente a los moldes oficiales.

En el marco de la actual Reforma es indudable que la Universidad de Nariño no es un ente aislado y ajeno a los problemas que vive la universidad pública colombiana. Nuestra reforma significa para el país una oportunidad histórica. Por tanto su direccionamiento es más hacia afuera que hacia adentro. Ante un enemigo común, lenguaje y lucha común. Para el tamaño de la pelea, somos aún una fuerza muy débil, pero en ascenso, y con certeza nuestra fuerza será invencible, porque toda fuerza nueva al servicio de una causa justa es invencible. Si se defienden estos principios no será extraño que la solidaridad de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios se haga sentir desde todos los rincones del país, y en poco tiempo nuevamente se levanten las banderas del movimiento universitario colombiano.

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES – FACEA